Ir al contenido

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República

1/8/13

Historia

Casi una década después de que se reinstalara la tradicional democracia uruguaya, una resolución de la Presidencia de la República (8.9.2000) creó la Comisión para la Paz, luego conocida como COMIPAZ. Luego de cuantiosos esfuerzos las propias víctimas, sus familiares y distintas organizaciones sociales, el rechazo a reconocer la verdad, como omisión imputable al Estado, se fue convirtiendo en fuerte desafío para terminar con la impunidad.

Luego de su reconocido trabajo, esta Comisión  presentó su llamado “Informe Final” (4.14.03) en el que dio a conocer la “versión oficial sobre la situación de los detenidos desaparecidos”. En esa oportunidad, el referido cuerpo trató de actuar como una “Comisión de la Verdad”, según varios ejemplos existentes en el derecho comparado.

Ya en el año 2007, por Resolución 297/07, la Presidencia de la República, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 15.848 ordenó la publicación de la “Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos”, seria y profunda tarea que se plasmó en la edición de cinco volúmenes realizados por los reconocidos historiadores uruguayos: José Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Alvaro Rico.

Una tarea impostergable frente a la sensibilidad del interés público:

A través de pasos sucesivos, en la Comisión dependiente de la Presidencia de la República, se ha tratado de generar un ámbito adecuado para analizar y resolver la creación de una estructura institucional propia, que pueda actuar en forma permanente en la política de los derechos humanos, en el esclarecimiento  de los acontecimientos trágicos que signaron el período durante el cual Uruguay cayó en una ruptura institucional y civilizatoria.

El esfuerzo de autoridades, víctimas del terrorismo de Estado, familiares, historiadores y organizaciones sociales no ha cesado en todos estos años, con las particularidades y la gradualidad que caracteriza a Uruguay en sus distintos procesos.

La verdad sobre los gravísimos atentados contra los derechos de las personas se ha ido plasmando en numerosas investigaciones acerca de  tratos inhumanos y degradantes, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, apropiación de niños, asesinatos en serie e ilícitos económicos.

Reafirmación del derecho en el camino de la justicia:

A comienzos del año 2011 se produjo un importante pronunciamiento (24.2.11)  por parte de la Comisión Interamericana de Justicia en relación con el caso “Gelman versus Uruguay”, de amplia repercusión pública por la conjunción de violaciones de identidad y crímenes que puso al descubierto.

El “Resolutio” de la sentencia de la Corte dejó establecido que el Estado uruguayo debía rendir informe sobre medidas adoptadas.

Visto la sentencia dictada, la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, actuando en Consejo de Ministros, resolvió (31.8.11) crear una Comisión Interministerial con el cometido de supervisar el cumplimiento de la referida sentencia de la Corte Interamericana, definir políticas para esclarecer los hechos, coordinar con organismos nacionales e internacionales y diseñar líneas de acción.

Se encomendó entonces a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de Presidencia de la República la realización de tareas de recepción, análisis, clasificación y recopilación de información sobre las desapariciones forzadas ocurridas. Asimismo, se ordenó la creación de una Base de Datos Unificada y la creación de un Banco de muestras genético, en la órbita del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Órganos y Tejidos, del Ministerio de Salud Pública.

Fortalecimiento del archivo Secretaría para Derechos Humanos:

En cumplimiento de este mandato, la hoy Secretaría para Derechos Humanos de la Presidencia de la República ha emprendido la tarea de organización de un archivo a nivel nacional con ingreso de toda la información disponible, reunida en el transcurso de los últimos años, desde las más diversas fuentes.

Este paso, indiscutiblemente necesario se está llevando adelante con el concurso de archivólogos especialistas, respetando el trabajo de equipos de historiadores, investigadores, jueces, fiscales, familias afectadas y público en general.

En este repositorio se ejerce la custodia de constancias de personas, hechos, lugares, situaciones y toda información complementaria que pueda resultar de interés. El referido corpus informativo  se presenta en recíproca vinculación, con respeto del orden archivístico y de la jerarquía institucional.

Dentro de las competencias asignadas, se pretende organizar un Archivo que pueda considerarse  como rector en política de derechos humanos, que permita un amplio relevamiento de toda la información existente, a partir de métodos propios exigidos por la tarea científica y con atención a la altísima sensibilidad de esta herramienta descriptiva.